Desmienten a Maru Campos y revienta narrativa de “persecución”; FGR ya la esperaba en CDMX

La estrategia de victimización política de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, sufrió un nuevo tropiezo luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmintiera públicamente que exista una imputación penal en su contra, contradiciendo el discurso que la mandataria había difundido horas antes en redes sociales.

Maru Campos habló sobre su persecución política, pero al parecer, no hay tal.

La polémica comenzó cuando Campos aseguró que autoridades capitalinas intentaban “reabrir” un caso ya cerrado relacionado con una denuncia presentada por el hoy senador morenista Javier Corral, a quien en 2024 intentaron detener en la capital del país en medio del escandaloso episodio del bar Yin Yin.

Sin embargo, la Fiscalía capitalina aclaró que el documento enviado a la gobernadora únicamente corresponde a una audiencia derivada de la impugnación presentada por Corral, luego de que las autoridades determinaran previamente que no existían elementos suficientes para ejercer acción penal contra Campos.

“La determinación ministerial emitida en este asunto establece que no existe un delito que perseguir”, subrayó la dependencia, dejando sin mucho aire la narrativa de persecución impulsada desde el entorno panista.

La audiencia fue programada para el próximo 29 de mayo en la Sala de Oralidad Número 8 del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde la gobernadora deberá comparecer por la denuncia relacionada con presunta privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Todo esto ocurre mientras Campos enfrenta otro frente mucho más delicado: la investigación de la Fiscalía General de la República por el operativo antidrogas en Chihuahua donde participaron agentes de la CIA dentro de territorio mexicano, hecho que detonó críticas nacionales y acusaciones de posible violación a la soberanía.

La mandataria acudió este miércoles a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para atender el requerimiento entregado desde el pasado 23 de mayo. Aunque originalmente el citatorio establecía que debía presentarse en Ciudad Juárez, finalmente compareció en la capital del país acompañada de su equipo jurídico.

Ahí, Campos insistió en que la investigación busca fabricar delitos en su contra bajo la figura de una supuesta entrevista como testigo. “Yo hice mi trabajo”, afirmó la gobernadora, defendiendo el operativo donde fue desmantelado un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara y argumentando que actuó para impedir que drogas llegaran a las familias mexicanas.

Su abogado, Roberto Gil Zuarth, acusó a la FGR de intentar sujetar inconstitucionalmente a la gobernadora a una investigación penal, señalando además “ambigüedad” e “inconsistencias” en el citatorio entregado por las autoridades federales.

Desde el inicio del caso, Campos ha negado tener conocimiento de la participación de agentes estadounidenses en el operativo. La investigación estatal apunta hacia Pedro Román Oseguera Cervantes, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación, fallecido tras el operativo y señalado como presunto responsable de coordinar la colaboración irregular con autoridades norteamericanas.

Mientras tanto, desde Morena continúan aumentando la presión política sobre la mandataria estatal. Diputados morenistas en Chihuahua promovieron ya una solicitud de juicio político en su contra bajo acusaciones de traición a la patria por permitir la incursión terrestre de agentes de inteligencia estadounidenses en territorio nacional.

En medio del choque político, Javier Corral acusó a Campos de distorsionar deliberadamente los procedimientos judiciales para construir una narrativa de persecución. El senador aseguró que resulta “irónico” que la gobernadora denuncie hostigamiento por un trámite que, en realidad, le favorece, mientras —según él— persisten irregularidades derivadas de los intentos de captura que sufrió durante la administración estatal panista.