Sheinbaum y la 4T vuelven a cerrar filas con un presunto delincuente
- Mariana Nava
- hace 2 días
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Cuando la Fiscalía General de la República necesita inteligencia extranjera para combatir al crimen, la cooperación es bienvenida. Pero cuando esa misma inteligencia apunta hacia un aliado político, de pronto “faltan pruebas”, “no hay urgencia” y todo se vuelve un tema de debido proceso.
Ese es el tono que marcó el gobierno de Claudia Sheinbaum en su conferencia del 4 de mayo, donde se defendió al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, frente a la solicitud presentada por Estados Unidos.
Según explicó Luisa María Alcalde, lo que existe no es una solicitud formal de extradición, sino una “detención provisional” que —hasta ahora— no cumple con los requisitos mínimos. Es decir, para el gobierno mexicano, el caso simplemente no está bien armado.
Todo muy técnico. Muy legal. Muy conveniente.
Sin pruebas… pero con protección
Porque mientras se insiste en que no hay elementos suficientes, también se confirma que Rocha cuenta con seguridad federal. Sí, escoltas. Sí, protección del Estado.
La propia presidenta lo dijo con naturalidad: en estos casos, se solicita apoyo de la Guardia Nacional.
¿En cuáles casos exactamente?¿En los de funcionarios que piden licencia… o en los de políticos bajo sospecha internacional?
La contradicción es difícil de ignorar: no hay pruebas suficientes para proceder, pero sí razones suficientes para proteger.
El doble discurso de la 4T
El mensaje del gobierno federal parece moverse en dos carriles:
Por un lado, desacreditar la solicitud de Estados Unidos por falta de sustento
Por otro, cerrar filas con uno de sus cuadros políticos en uno de los estados más golpeados por el narcotráfico
Y aquí es donde el discurso empieza a hacer ruido.
Porque no es la primera vez que México colabora —y se apoya— en información proveniente de agencias estadounidenses. De hecho, buena parte de las detenciones de alto perfil en los últimos años han tenido algún nivel de cooperación bilateral.
Pero cuando el señalado es un gobernador afín al movimiento, la narrativa cambia: ahora sí importa la soberanía, ahora sí faltan pruebas, ahora sí hay que pedir más información.
¿Linchamiento mediático… o control de daños?
Desde el gobierno se ha denunciado un supuesto “linchamiento mediático” tras la filtración del caso. Sin embargo, el problema no es que se hable del tema, sino lo que se está diciendo.
Rocha Moya no es precisamente una figura intachable. Más allá de las acusaciones actuales, su historial público ha estado marcado por declaraciones polémicas, incluyendo comentarios que han sido señalados como machistas, como cuando se refirió a su ahora sustituta, Yeraldine Bonilla, como una “meserita”.
Un detalle incómodo, especialmente en un gobierno que ha acusado de “misoginia” cualquier cuestionamiento político hacia la presidencia.
Sinaloa: licencia y violencia
El contexto tampoco ayuda. Sinaloa sigue siendo uno de los estados más violentos del país, con presencia constante de fuerzas federales y operativos de alto impacto.
En medio de ese escenario:
El gobernador pide licencia
Se nombra una sustituta interina
Se despliega más seguridad
Y el principal implicado recibe protección
Todo mientras se asegura que no hay nada suficientemente grave.
La pregunta que queda
Si la solicitud de Estados Unidos es tan débil como se afirma, ¿por qué el gobierno actúa como si el riesgo fuera real? Y si el riesgo sí existe, ¿por qué minimizarlo públicamente?
La 4T enfrenta aquí una de sus contradicciones más evidentes: confiar en la inteligencia extranjera cuando conviene… y desacreditarla cuando incomoda.
Porque al final, el mensaje que queda no es jurídico ni diplomático: es político.
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